Recibir la notificación de un expediente disciplinario genera mucha incertidumbre, sobre todo si está en juego tu puesto. Conocer cómo funciona el procedimiento y qué derechos tienes marca la diferencia. Esta guía se basa en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, título VII), en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; cada Administración desarrolla además sus propias normas de función pública.
Revisión jurídica: 10 de noviembre de 2026. Si trabajas en Madrid, identifica primero qué Administración te emplea y si tu vínculo es funcionarial, laboral o estatutario. De ello dependen el procedimiento y la vía para recurrir.
A quién se aplica y con qué principios
El régimen disciplinario del EBEP alcanza a los funcionarios públicos y al personal laboral de las Administraciones (artículo 93); al personal laboral se le aplica además la legislación laboral en lo no previsto. La potestad disciplinaria se ejerce con los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia (artículo 94). Si la instrucción revela indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal, y los hechos que declare probados una sentencia firme vinculan a la Administración.
TREBEP, Comunidad de Madrid y personal laboral: qué régimen corresponde
Funcionarios de la Comunidad de Madrid
El TREBEP establece las bases comunes. Para los funcionarios autonómicos hay que combinarlo con la Ley 1/1986 de Función Pública de la Comunidad de Madrid, cuyo capítulo de régimen disciplinario comprende los artículos 81 a 86, y con las normas de procedimiento aplicables al colectivo. La norma autonómica no sustituye ni puede contradecir las garantías básicas del TREBEP.
La ley madrileña clasifica las faltas, contiene su catálogo de muy graves y regula sanciones y competencia. Por ejemplo, su artículo 85.3 atribuye al Consejo de Gobierno la separación del servicio. Pero no basta con copiar su texto antiguo: el artículo 86 todavía muestra plazos de prescripción que difieren de los básicos del artículo 97 del TREBEP. En el régimen común aquí explicado, estos últimos prevalecen sobre la regulación autonómica incompatible.
Trabajar físicamente en Madrid no te convierte en funcionario de la Comunidad. Un empleado de la Administración del Estado, de un ayuntamiento o de una universidad puede tener otro marco. Tampoco deben trasladarse estas reglas sin comprobarlas a policías, personal estatutario sanitario o personal de Justicia, que cuentan con normativa específica.
Personal laboral de la Administración madrileña
El artículo 93.4 del TREBEP remite a la legislación laboral en lo no previsto en su título VII. Para el personal comprendido en su ámbito, el Convenio Colectivo Único 2025-2028 regula el régimen disciplinario en su título IX. Deben revisarse tanto su ámbito y exclusiones como las modificaciones que afecten al caso; no es un convenio para todo trabajador de cualquier entidad pública situada en Madrid.
Hay diferencias prácticas. El artículo 214.2 del convenio concede diez días hábiles desde el día siguiente a la notificación para contestar el pliego, aportar documentos y proponer pruebas. Los artículos 215 y 216 contemplan vista de las actuaciones y alegaciones a la propuesta. Además, el artículo 208 prevé comunicaciones y audiencia sindical en los supuestos que regula. No basta con aplicar al personal laboral una plantilla de expediente funcionarial.
La impugnación judicial de una sanción o despido del personal laboral corresponde, por regla general, al orden social. Los artículos 103 y 114 de la Ley reguladora de la jurisdicción social fijan un plazo de veinte días hábiles para impugnar el despido y las sanciones. No utilices el plazo de dos meses del contencioso para estos casos; hay que comprobar también los requisitos previos que correspondan por tratarse de un empleador público.
Información reservada previa: qué significa y cómo actuar
Antes de incoar el expediente puede abrirse una investigación para precisar los hechos y decidir si procede iniciarlo. La permiten el artículo 55 de la Ley 39/2015 y, para el procedimiento estatal, el artículo 28 del Real Decreto 33/1986. Una denuncia o una información reservada no equivalen a una sanción ni acreditan por sí mismas tu responsabilidad.
Si estás incluido en el convenio laboral madrileño, su artículo 210 contempla diligencias previas informativas por un máximo de quince días hábiles y declara que ese trámite no interrumpe la prescripción. Este límite concreto no debe extenderse a todos los funcionarios ni a otras Administraciones.
Si te citan, conserva la comunicación y solicita que se aclare el objeto de la comparecencia y en qué condición intervienes. Prepara una cronología, localiza documentos y pide asesoramiento antes de responder. No alteres correos ni extraigas documentación del servicio por canales no autorizados. La fase previa no tiene necesariamente los mismos trámites que el expediente ya incoado, pero lo que después se utilice para sancionar debe incorporarse al procedimiento con posibilidad efectiva de defensa.
Faltas y sanciones
Las faltas pueden ser muy graves, graves y leves (artículo 95). El EBEP enumera las muy graves —por ejemplo, el abandono del servicio; la discriminación y el acoso por razón de sexo, origen, religión, discapacidad, edad u orientación sexual, así como el acoso moral y sexual y el acoso laboral; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave; la publicación o utilización indebida de información a la que se tiene acceso por el cargo; el notorio incumplimiento de las funciones esenciales del puesto; la desobediencia abierta a las órdenes de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento; o el incumplimiento de las normas de incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad—, y deja que las graves y leves las establezcan las leyes estatales o autonómicas, o los convenios colectivos en el caso del personal laboral.
Las sanciones que pueden imponerse son (artículo 96.1):
- Separación del servicio de los funcionarios (en los interinos, revocación del nombramiento), solo por faltas muy graves.
- Despido disciplinario del personal laboral, solo por faltas muy graves, con inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato con funciones similares.
- Suspensión firme de funciones (de empleo y sueldo en el personal laboral), con una duración máxima de seis años.
- Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que se establezca.
- Demérito, una penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
- Apercibimiento y cualquier otra sanción que establezca la ley.
El alcance de cada sanción se fija según el grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación (artículo 96.3). Si se declara improcedente el despido de un laboral fijo por una falta muy grave, procede su readmisión (artículo 96.2).
Fases del procedimiento disciplinario
El esquema siguiente recoge las garantías comunes; el orden de la vista, la propuesta y las alegaciones debe ajustarse al procedimiento específico. El Real Decreto 33/1986 regula el procedimiento estatal y no se aplica automáticamente a cualquier empleado público.
No puede imponerse una sanción por faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, con separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos (artículo 98 del EBEP y artículo 63 de la Ley 39/2015). Las faltas leves se sancionan por un procedimiento sumario con audiencia del interesado.
- Acuerdo de iniciación. Debe identificar a la persona presuntamente responsable, los hechos, su posible calificación y las sanciones que podrían corresponder, al instructor y, en su caso, al secretario (con indicación del régimen de recusación), el órgano que resolverá, las medidas provisionales acordadas y el derecho a formular alegaciones y a la audiencia, con sus plazos. Si no alegas y el acuerdo contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada, puede considerarse propuesta de resolución (artículo 64). Cuando no hay elementos para calificar los hechos, la calificación se hace después mediante un pliego de cargos.
- Alegaciones y prueba. Puedes formular alegaciones, aportar documentos y utilizar los medios de defensa admitidos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, actuar asistido de asesor y acceder al expediente y obtener copia de sus documentos (artículo 53 de la Ley 39/2015). Tienes derecho a conocer los hechos imputados, las infracciones y sanciones posibles, la identidad del instructor y el órgano competente, y a que se presuma que no hay responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario.
- Vista y audiencia. La regla general del artículo 82 de la Ley 39/2015 sitúa la audiencia antes de redactar la propuesta y concede entre diez y quince días. En el procedimiento estatal, el artículo 41 del Real Decreto 33/1986 prevé vista por diez días; el convenio laboral madrileño regula sus propios trámites.
- Propuesta de resolución. Con los hechos probados, su calificación jurídica, la persona responsable, la sanción propuesta y la valoración de la prueba. El instructor puede archivar sin propuesta si los hechos no existen o no están acreditados, no constituyen infracción, no hay responsable o la infracción ha prescrito (artículo 89).
- Notificación de la propuesta y alegaciones. La propuesta sancionadora debe notificarse indicando el plazo de defensa (artículo 89). En el procedimiento estatal, el artículo 43 del Real Decreto 33/1986 concede diez días; para el personal incluido en el convenio madrileño, su artículo 216.2 concede diez días hábiles.
- Resolución motivada del órgano competente, que no puede basarse en hechos distintos de los determinados en el procedimiento. Si considera la infracción o la sanción más grave que la propuesta, debe darte quince días para alegar (artículo 90).
Pliego de cargos y alegaciones: cómo preparar tu defensa
Qué debes comprobar en el pliego
Debes poder identificar qué conducta se atribuye a cada persona, cuándo ocurrió, qué deber se considera incumplido, qué infracción se invoca y qué sanción podría imponerse. Los artículos 35 y 36 del Real Decreto 33/1986 exigen cargos claros, separados y numerados y conceden diez días para contestarlos en el procedimiento estatal. En el convenio laboral madrileño el plazo de contestación está expresamente fijado en diez días hábiles. Comprueba siempre el procedimiento y el calendario aplicables.
Una imputación como «actitud poco colaboradora durante meses» puede resultar insuficiente para defenderte si no precisa episodios, tareas o instrucciones. Solicita esa concreción, identifica qué defensa te impide preparar y contesta también lo que sí puedas discutir. Pedir copia o aclaraciones no suspende por sí solo el plazo. Conserva el justificante del registro y, si solicitas ampliación, no la des por concedida.
Ejemplos de alegaciones y pruebas útiles
Estos ejemplos son hipotéticos y orientativos. No deben presentarse como fórmulas cerradas ni como reconocimiento de hechos que no has cometido:
- Ausencia supuestamente injustificada. Si tenías un permiso aprobado, identifica la fecha, aporta la autorización y solicita que se incorpore el registro completo de jornada. Explica por qué esos documentos contradicen la imputación.
- Desobediencia a una orden. Concreta qué instrucción recibiste, quién la dio, cuándo y qué contestaste. Si existía una imposibilidad técnica, solicita el parte de incidencias y aporta los avisos que enviaste. Discrepar de una orden no demuestra por sí solo que sea manifiestamente ilegal.
- Retraso en expedientes. Aporta la asignación de tareas, las fechas de entrada, los recursos disponibles y las incidencias comunicadas. La carga de trabajo no elimina automáticamente toda responsabilidad, pero puede ser relevante para valorar culpabilidad y proporcionalidad.
Ordena el escrito por cargos. Para cada uno, diferencia hechos que niegas, hechos que precisan contexto, prueba que aportas o solicitas y motivo jurídico de oposición. Pide el archivo cuando corresponda; de forma subsidiaria, puedes discutir la calificación o la graduación sin aceptar la imputación principal. Evita limitarte a decir «no estoy de acuerdo».
Solicita pruebas concretas y explica su utilidad: un testigo que presenció la entrega de una orden, un informe informático sobre una incidencia o la autorización de un permiso. El rechazo de pruebas debe estar motivado conforme al régimen aplicable; el artículo 77 de la Ley 39/2015 limita el rechazo a pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias. Si se deniega una prueba relevante, deja constancia de qué hecho pretendías acreditar y del perjuicio para tu defensa.
La suspensión provisional
La Administración puede adoptar medidas provisionales motivadas, si las normas del procedimiento lo prevén, para asegurar la eficacia de la resolución. La suspensión provisional como medida cautelar no puede exceder de seis meses, salvo que el procedimiento se paralice por causa imputable al interesado; durante ella el funcionario tiene derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a suspensión definitiva, el funcionario debe devolver lo percibido; si no llega a convertirse en sanción definitiva, la Administración debe restituirte la diferencia de haberes y el tiempo se computa como servicio activo, con reincorporación inmediata; y el tiempo de suspensión provisional se abona al cumplimiento de la suspensión firme (artículo 98.3 y 98.4). Si hay un procedimiento judicial, la suspensión provisional puede acordarse también y mantenerse mientras dure la prisión provisional u otras medidas del juez que impidan desempeñar el puesto.
Prescripción y caducidad
- Prescripción de las faltas: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados desde que se cometieron (o desde que cesó su comisión, si son continuadas). Las sanciones prescriben a los tres años, a los dos años y al año, respectivamente, desde la firmeza de la resolución sancionadora (artículo 97).
- Caducidad: la norma de cada procedimiento fija el plazo máximo para resolver y notificar; si no lo fija, es de tres meses, contados desde el acuerdo de iniciación (artículo 21 de la Ley 39/2015). En un procedimiento sancionador, si vence el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se produce la caducidad y se ordena el archivo de las actuaciones (artículo 25.1.b). Ojo: la caducidad no produce por sí sola la prescripción, de modo que, si la falta no ha prescrito, puede abrirse un nuevo procedimiento; eso sí, el procedimiento caducado no interrumpe la prescripción (artículo 95).
Para el personal incluido en el convenio laboral madrileño, el artículo 207 fija una duración máxima de seis meses desde la incoación, con las salvedades que recoge. No confundas ese máximo con el plazo de un trámite concreto. Para otros empleados hay que identificar su norma y descontar solo las suspensiones o interrupciones legalmente procedentes.
Expediente disciplinario y proceso penal: non bis in idem
El artículo 94.3 del TREBEP obliga a suspender la tramitación y comunicar al Ministerio Fiscal los indicios fundados de criminalidad que resulten de la instrucción. Si ya existe un procedimiento penal por los mismos hechos, aporta sus datos y solicita una decisión motivada sobre la suspensión. Suspender el expediente no supone necesariamente levantar todas las medidas provisionales: cada medida requiere su fundamento y control propios.
El principio non bis in idem, recogido en el artículo 31 de la Ley 40/2015, impide sancionar de nuevo cuando coinciden la persona, los hechos y el fundamento de la sanción. La condición de funcionario no permite duplicar automáticamente un castigo penal y otro disciplinario, pero tampoco toda condena penal excluye cualquier responsabilidad disciplinaria: debe examinarse esa triple identidad.
Una absolución por falta de relevancia penal no significa siempre que los hechos sean disciplinariamente irrelevantes. En cambio, la Administración queda vinculada por los hechos declarados probados en resoluciones judiciales firmes y no puede reconstruir el caso contradiciéndolos. Para el personal sujeto al convenio madrileño, los artículos 219 y 220 regulan expresamente las comunicaciones, la suspensión y la eventual reanudación. Hay que leer el motivo de la absolución o del archivo, no solo su resultado.
Cómo recurrir una sanción disciplinaria
Las vías administrativas y contenciosas siguientes se refieren a sanciones funcionariales sujetas al Derecho administrativo. Para el personal laboral, revisa la vía social explicada antes.
- Si la resolución pone fin a la vía administrativa, puedes interponer recurso de reposición (potestativo) en el plazo de un mes desde la notificación, o acudir directamente al recurso contencioso-administrativo, con plazo de dos meses desde la notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 y artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). El mes de agosto no cuenta para el recurso contencioso (artículo 128.2).
- Si no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada, también en un mes, que debe resolverse en tres meses; si no hay respuesta, puede entenderse desestimado y queda abierta la vía contenciosa (artículo 122).
- Suspensión de la sanción: hay que distinguir la ejecutividad de la sanción y la suspensión de un acto ejecutivo. El artículo 90.3 establece que la resolución sancionadora es ejecutiva cuando no quepa recurso ordinario en vía administrativa. Para los actos ejecutivos, la regla general es que recurrir no suspende por sí solo: puedes pedir la suspensión si ejecutarla pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o si te basas en una causa de nulidad de pleno derecho; se entiende suspendida si transcurre un mes desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente sin que se haya dictado y notificado resolución expresa (artículo 117). Además, si manifiestas tu intención de interponer recurso contencioso-administrativo, la resolución ejecutiva puede suspenderse cautelarmente hasta que el juez se pronuncie sobre la suspensión (artículo 90.3).
Los plazos son estrictos y la vía correcta depende de la Administración y del tipo de acto: lee las guías sobre alzada y reposición y sobre el recurso contencioso-administrativo.
Qué se pide en el recurso contencioso
La demanda debe explicar por qué la sanción es contraria a Derecho: falta de prueba, hechos que no encajan en la infracción, ausencia de culpabilidad, desproporción, prescripción, caducidad o defectos de procedimiento con relevancia para la defensa. No todo error formal anula la sanción. Aporta la resolución, sus notificaciones, los recursos previos y los documentos que permiten comprobar cada motivo.
Puedes solicitar la anulación y, cuando proceda, el reconocimiento de tu situación jurídica y sus consecuencias económicas. Si necesitas impedir la ejecución, justifica una medida cautelar con perjuicios concretos y documentación; los artículos 129 y 130 de la LJCA exigen ponderar los intereses en conflicto. Presentar el recurso no garantiza la suspensión.
El órgano competente depende de quién dictó el acto y del tipo de sanción, no solo de que trabajes en Madrid. Los artículos 8 y 10 de la LJCA distinguen las cuestiones ordinarias de personal autonómico de las relativas al nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera. La separación del servicio exige comprobar especialmente esa competencia. El artículo 23 permite a funcionarios comparecer por sí mismos en ciertas cuestiones de personal, pero excluye las que impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
Qué hacer si te abren un expediente
- Busca asesoramiento antes de declarar o presentar alegaciones. Recibir una notificación o firmar su recepción no equivale a aceptar los cargos; no ignores una citación ni dejes vencer un plazo.
- Pide copia completa del expediente y revisa qué hechos concretos se te imputan y cómo se califican.
- Guarda correos, informes, órdenes e instrucciones y cualquier documento relacionado.
- Controla los plazos de alegaciones, audiencia y recurso.
- Revisa la separación de fases: el instructor y el órgano que sanciona no pueden ser el mismo, y el acuerdo de iniciación debe indicar el régimen de recusación del instructor.
- Estudia la prescripción y la caducidad, y si hay un procedimiento penal en paralelo.
Preguntas frecuentes
¿Se puede separar del servicio a un interino?
Sí, pero solo por faltas muy graves, y la separación supone la revocación de su nombramiento (artículo 96.1.a). Lee también la guía sobre interinos y abuso de temporalidad.
¿Y al personal laboral de la Administración?
Se le aplica el título del EBEP y, en lo no previsto, la legislación laboral. El despido disciplinario solo puede sancionar faltas muy graves y, si se declara improcedente respecto de un laboral fijo, procede la readmisión. El plazo para impugnarlo es de veinte días hábiles; lee la guía sobre el despido disciplinario.
¿Puedo ser sancionado a la vez en vía penal y disciplinaria?
No cabe doble sanción si coinciden persona, hechos y fundamento. Los indicios fundados de delito obligan a suspender el expediente y comunicarlo al Ministerio Fiscal; los hechos probados de una resolución judicial firme vinculan a la Administración.
¿La información reservada significa que ya estoy sancionado?
No. Es una fase previa para esclarecer lo sucedido y decidir si se abre expediente. Guarda la citación, aclara el objeto de la comparecencia y prepara los documentos relevantes.
¿Pedir copia del expediente amplía el plazo para alegar?
No por sí solo. Solicita el acceso enseguida, deja constancia de lo que falta y presenta tu defensa dentro de plazo, salvo que se acuerde legalmente una ampliación o suspensión.
¿Todos los expedientes caducan a los tres meses?
No. Ese plazo es supletorio cuando ninguna norma fija otro. Para el personal incluido en el convenio laboral madrileño, el artículo 207 establece seis meses desde la incoación, con sus salvedades.
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso debe analizarse de forma individual.
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