Tras una denuncia por violencia de género o doméstica, el juzgado puede dictar una orden de protección que incluye, entre otras medidas, una orden de alejamiento. Son dos cosas distintas, aunque se confundan: la primera es el paquete completo de protección y la segunda, una de las medidas que puede contener. Tanto si eres víctima como si eres la persona denunciada, conviene saber qué implican y qué ocurre si se incumplen.
Qué es la orden de protección
Es una resolución judicial que reúne en un único acto medidas penales y civiles de protección y que se dicta cuando concurren dos requisitos (artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim): indicios fundados de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas del artículo 173.2 del Código Penal, y una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera medidas de protección.
Las personas del artículo 173.2 son quien sea o haya sido cónyuge o pareja del autor (aun sin convivencia); los descendientes, ascendientes y hermanos, por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con el autor o estén sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente; cualquier otra persona integrada en el núcleo de su convivencia familiar; y las personas especialmente vulnerables sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Quién puede pedirla y dónde
- Quién: la propia víctima o una persona que tenga con ella alguna de las relaciones anteriores, el Ministerio Fiscal, o el juez de oficio (artículo 544 ter.2).
- Ante quién: directamente ante el juzgado o el Ministerio Fiscal, o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales e instituciones asistenciales de las Administraciones públicas, que deben remitir la solicitud de inmediato al juez competente y facilitar a la víctima información, formularios y canales telemáticos (artículo 544 ter.3). Las entidades asistenciales públicas o privadas que conozcan los hechos deben comunicarlos de inmediato al juez de guardia o al Fiscal (artículo 544 ter.2).
- Qué juzgado: las secciones con competencia en violencia sobre la mujer adoptan las órdenes de protección, sin perjuicio de las competencias del juez de guardia (artículo 14.5.c).
Cómo se tramita: audiencia en un máximo de 72 horas
Recibida la solicitud, el juez de guardia convoca una audiencia urgente a la que deben acudir la víctima o su representante, el solicitante, el presunto agresor —asistido, en su caso, de abogado— y el Ministerio Fiscal. Debe celebrarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la solicitud. Para evitar la confrontación entre el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los demás miembros de la familia, sus declaraciones se hacen por separado. Después, el juez resuelve mediante auto sobre la orden de protección y sobre el contenido y la vigencia de las medidas (artículo 544 ter.4). Esa audiencia puede celebrarse junto con la de prisión provisional (artículo 505), con la del juicio rápido (artículo 798) o con el juicio por delito leve.
Qué medidas puede incluir
La orden confiere a la víctima un estatuto integral de protección, que comprende las medidas cautelares de orden civil y penal y las medidas de asistencia y protección social previstas en el ordenamiento, y que puede hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública (artículo 544 ter.5).
Medidas penales
Pueden ser cualesquiera de las previstas en la legislación procesal criminal, con los requisitos generales (artículo 544 ter.6). Las más habituales son las del artículo 544 bis: la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local o comunidad autónoma; la prohibición de acudir a determinados lugares; y la prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas. Para acordarlas, el juez debe motivarlas, entender que son estrictamente necesarias para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva, y tener en cuenta la situación económica del investigado, su salud, su situación familiar y su actividad laboral.
Medidas civiles
Deben ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con discapacidad, siempre que no las haya acordado antes un órgano civil. Pueden referirse al ejercicio de la patria potestad, la guarda o la tutela, la atribución del uso de la vivienda familiar, el régimen de guarda y custodia, la suspensión o el mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia, la prestación de alimentos y cualquier otra disposición para apartar a los menores de un peligro. Si conviven con la víctima y dependen de ella menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el juez debe pronunciarse en todo caso, incluso de oficio (artículo 544 ter.7).
Cuando se dicta una orden con medidas penales y hay indicios fundados de que los hijos menores presenciaron, sufrieron o convivieron con la violencia, el juez suspende el régimen de visitas del investigado respecto de esos menores, salvo que, a instancia de parte y por resolución motivada en el interés superior del menor, y tras evaluar la relación paternofilial, acuerde no suspenderlo (artículo 544 ter.7).
Las medidas civiles tienen una vigencia de treinta días. Si en ese plazo la víctima o su representante presentan una demanda de familia ante la jurisdicción civil, se mantienen otros treinta días desde la presentación, y en ese tiempo el juez de primera instancia competente debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto (artículo 544 ter.7).
Medidas asistenciales y de información
La orden se comunica a las Administraciones competentes para adoptar medidas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria o psicológica (artículo 544 ter.8). La víctima tiene derecho a ser informada permanentemente de la situación procesal y penitenciaria del investigado y del alcance y la vigencia de las medidas (artículo 544 ter.9), y la orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género (artículo 544 ter.10).
La orden de alejamiento
La prohibición de aproximación puede acordarse como medida cautelar mientras dura el procedimiento (artículo 544 bis de la LECrim) o imponerse como pena en la sentencia (artículo 48 del Código Penal).
- Aproximación: impide al penado acercarse a la víctima o a los familiares y otras personas que determine el juez, en cualquier lugar donde se encuentren, y a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que frecuenten. Respecto de los hijos, queda en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que hubiera reconocido una sentencia civil hasta el total cumplimiento de la pena (artículo 48.2).
- Comunicación: impide establecer con ellas contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación, informático o telemático (artículo 48.3).
- Control electrónico: el juez puede acordar que el cumplimiento se controle con medios electrónicos (artículo 48.4). En los delitos de violencia sexual a los que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, la LECrim permite expresamente acordar, mediante resolución motivada, dispositivos telemáticos de control (artículo 544 bis).
- Duración como pena: en los delitos contra las personas del artículo 173.2, la sentencia debe imponer siempre la prohibición de aproximación, por un máximo de diez años si el delito es grave y de cinco si es menos grave. Si además se condena a prisión, la prohibición dura entre uno y diez años más que la prisión (entre uno y cinco, si el delito es menos grave) y se cumple simultáneamente (artículo 57). En los delitos leves, hasta seis meses (artículo 57.3).
| Orden de protección | Orden de alejamiento |
|---|---|
| Paquete de medidas penales, civiles y asistenciales | Una medida concreta: prohibir acercarse o comunicarse |
| La dicta el juez tras una audiencia en un máximo de 72 horas | Puede ser medida cautelar dentro de la orden o pena en la sentencia |
| Las medidas civiles duran 30 días (más otros 30 si se presenta demanda de familia) | Como cautelar, hasta que el juez la deje sin efecto; como pena, el tiempo que fije la sentencia |
Qué pasa si se incumple: el quebrantamiento
Quebrantar una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en un proceso en el que el ofendido es una de las personas del artículo 173.2 se castiga siempre con prisión de seis meses a un año (artículo 468.2 del Código Penal). Inutilizar o perturbar los dispositivos técnicos de control, no llevarlos consigo u omitir las medidas para mantenerlos en buen estado se castiga con multa de seis a doce meses (artículo 468.3). Además, el incumplimiento de una medida cautelar puede llevar al juez a convocar la comparecencia para decretar la prisión provisional, una orden de protección u otra medida más limitativa de la libertad (artículo 544 bis), y si el maltrato se comete quebrantando una pena de alejamiento o una medida cautelar, la pena se impone en su mitad superior (artículo 153.3). Más en quebrantamiento de condena u orden de alejamiento.
El consentimiento de la persona protegida no te exime. Desde su Pleno no jurisdiccional de 25 de noviembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene entendiendo que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad del quebrantamiento, porque la medida la impone la autoridad judicial y no depende de la voluntad de las partes. Si queréis retomar el contacto, la única vía es pedir al juzgado que modifique o levante la medida, y mientras no lo haga sigue en vigor.
Si eres víctima
- En una emergencia, llama al 112. El 016 es el servicio del Ministerio de Igualdad de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres: es gratuito, confidencial, funciona las 24 horas, no es un servicio de emergencias y también atiende por WhatsApp en el 600 000 016. No deja rastro en la factura, pero la llamada puede quedar en el registro del teléfono, de donde puedes borrarla.
- Denuncia y solicita la orden de protección. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, que se presta de inmediato y con independencia de que tengan recursos para litigar, en los procesos que deriven de su condición de víctimas (artículo 2.h de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).
- Guarda mensajes, partes médicos y cualquier prueba. Avisa de cualquier incumplimiento de la medida.
- Tienes derecho a una copia certificada de tu denuncia y a ser informada de las resoluciones que te afecten, como las que acuerden la prisión o la libertad del investigado o la adopción de medidas cautelares para tu seguridad (artículos 6 y 7 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito).
Si te han denunciado
- Cumple la medida al pie de la letra, sin excepciones, aunque la otra persona te escriba o te busque.
- Acude a la audiencia de la orden de protección con abogado: puedes discutir los indicios y la necesidad de las medidas.
- Contra el auto caben los recursos de reforma y de apelación; la apelación se presenta en cinco días y no suspende por sí sola el procedimiento (artículo 766 de la LECrim). Si cambian las circunstancias, puedes pedir al juzgado que modifique o levante la medida.
- Consulta cómo defenderte en te han denunciado por violencia de género y repasa tus derechos en detenido: derechos en comisaría.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura una orden de alejamiento?
Como medida cautelar, mientras dure el procedimiento o hasta que el juez la revoque. Como pena, el tiempo que fije la sentencia, con los máximos del artículo 57 del Código Penal.
¿Puedo ver a mis hijos si hay una orden de protección?
El régimen de visitas puede suspenderse, limitarse o desarrollarse con ciertas garantías. Si hay indicios fundados de que los menores presenciaron, sufrieron o convivieron con la violencia, el juez suspende las visitas salvo resolución motivada en su interés superior (artículo 544 ter.7). El incumplimiento de las visitas tiene su propio tratamiento (régimen de visitas e incumplimiento).
¿Se puede levantar si nos reconciliamos?
No depende de vosotros: la medida sigue en vigor mientras el juez no la deje sin efecto, así que cualquier contacto puede ser un delito. Hay que pedir su levantamiento al juzgado.
¿Qué pasa si nos encontramos por casualidad?
El quebrantamiento es un delito doloso: exige conocer la prohibición e incumplirla voluntariamente, de modo que un encuentro fortuito no es, por sí solo, un quebrantamiento. Aun así, aléjate de inmediato y, si es posible, deja constancia de lo ocurrido.
¿Quién puede solicitar la orden si no soy yo la víctima?
Una persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones del artículo 173.2, el Ministerio Fiscal o el propio juez de oficio. Los servicios sociales y asistenciales que conozcan los hechos están obligados a ponerlos en conocimiento del juez de guardia o del Fiscal (artículo 544 ter.2).
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