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Bloque de viviendas con balcones de colores y cielo azul: Real Decreto-ley 26/2026 sobre alquiler, prórroga y desahucios, abogado civil en Madrid

Decretos de vivienda de octubre de 2026: qué está en vigor y qué no

Actualización del 20 de octubre de 2026: a 19 de octubre el BOE no ha publicado ninguna resolución de convalidación ni de derogación de los Reales Decretos-ley 28/2026 y 29/2026: el 29/2026 sigue en vigor y el 28/2026 entrará en vigor el 15 de noviembre salvo que antes se derogue. La Diputación Permanente del Congreso se reunió el 16 de octubre, pero según la prensa no incluyó los decretos de vivienda; las informaciones del 16 y 17 de octubre apuntan a que los votará el 12 de noviembre de 2026. Si deroga el 28/2026 antes del 15 de noviembre, no llegará a aplicarse; si no convalida el 29/2026, sus medidas dejarán de aplicarse desde la publicación del acuerdo en el BOE, como ocurrió con los decretos anteriores. Hasta entonces, las solicitudes de prórroga extraordinaria y el resto de medidas del 29/2026 se rigen por su texto.

Actualización del 9 de octubre de 2026: el Congreso de los Diputados derogó el 2 de octubre los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026 (acuerdo sobre el RDL 26/2026 y acuerdo sobre el RDL 27/2026, BOE núm. 245), pero el 6 de octubre el Gobierno aprobó otros dos, publicados en el BOE núm. 249 del 7 de octubre: el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, y el Real Decreto-ley 28/2026, que entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026. Ambos deben ser convalidados en el plazo de treinta días desde su promulgación (artículo 86.2 de la Constitución). Con la convocatoria de elecciones, las Cortes están disueltas y la convalidación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. Si no los convalida, perderían efecto, como ocurrió con los anteriores. Actualizaremos este artículo cuando haya novedades.

Lo que sigue es un resumen: la fuente oficial es el BOE, y cada contrato y cada proceso pueden tener particularidades. Muchos inquilinos y propietarios se preguntan qué ocurre con su contrato, con la renta y con los desahucios, y por eso mantenemos esta guía al día.

Qué ha pasado

  • 29 de septiembre: el Gobierno aprobó los Reales Decretos-ley 26/2026 (protección de la función social de la vivienda; BOE del 30 de septiembre, en vigor el 1 de octubre) y 27/2026 (estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual; BOE del 1 de octubre).
  • 2 de octubre: el Congreso acordó derogarlos. Las modificaciones que habían introducido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en otras normas quedaron sin efecto, como recogen las resoluciones publicadas en el BOE.
  • 6 de octubre: el Gobierno aprobó los Reales Decretos-ley 28/2026 y 29/2026, que recuperan buena parte de esas medidas con ajustes. Se publicaron el 7 de octubre.
  • Ahora: ambos están pendientes de convalidación.

Qué está en vigor desde el 8 de octubre (Real Decreto-ley 29/2026)

  • Prórroga extraordinaria de hasta dos años. Se aplica, a solicitud del inquilino, a los contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre cuyo período de prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028 (o cuando termine la prórroga tácita o la tácita reconducción), por plazos anuales y hasta dos años más, con las mismas condiciones. Exige que el inquilino esté al corriente de pago y lo haya estado cada mes durante los ocho meses anteriores. El arrendador debe aceptarla, salvo que se hayan pactado otros términos, se haya firmado un nuevo contrato o haya comunicado, en los plazos del artículo 9.3 de la LAU, que necesita la vivienda para sí o sus familiares, con causa real y acreditada. No se aplica si las partes acuerdan una renovación o un contrato nuevo con una renta al menos un 5 % inferior, y es incompatible con la prórroga de hasta tres años de las zonas tensionadas (artículo 10.3), que se aplica con preferencia (disposición final quinta).
  • Tope a la actualización de la renta. Para las actualizaciones anuales que correspondan entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027: si la renta supera el límite máximo del sistema de índices de precios de referencia, no procede ningún incremento; en los demás casos, el incremento será el que pacten las partes y, si no hay nuevo pacto, no podrá superar el 2 % (disposición final sexta).
  • Desahucios de personas vulnerables (artículo 2 y artículo 22.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Hasta el 31 de diciembre de 2030, el tribunal suspende los procesos en que el demandado es vulnerable y no tiene alternativa habitacional: siempre, si demanda una entidad que adquiere inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior al de tasación con fines especulativos, y, en los demás casos, tras pedir informe a la Administración competente cuando esta no ofrece una alternativa. La Administración compensa al demandante (rentas dejadas de percibir, suministros y costas). No procede la suspensión si debe prevalecer la vulnerabilidad del demandante ni cuando este es una persona física titular de dos o menos viviendas. En los desahucios por falta de pago, la Administración dispone además de dos meses para ofrecer una alternativa o pagar o consignar lo debido.
  • Alquileres de temporada y de vivienda temporal: deben prever una causa real y acreditable, se limitan por regla general a doce meses y, si no hay causa, se tratan como alquiler de vivienda habitual (artículos 7 y 9 bis de la LAU).
  • Gastos, garantías y reparaciones: no se pueden repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, ni los tributos (salvo que sea el obligado tributario); la garantía adicional a la fianza no puede exceder de dos mensualidades y no se puede exigir un seguro de impago; al terminar el contrato debe firmarse un documento de finalización; y el inquilino puede requerir por escrito la reparación de daños que afecten a la habitabilidad con un presupuesto razonable y, si el arrendador no responde en quince días naturales, ejecutarla y descontarla de rentas futuras (artículos 20, 36 y 21.5).
  • El decreto incluye además medidas fiscales y financieras (IRPF, IVA, IBI, plusvalía municipal) y limitaciones a determinadas compras de vivienda por entidades: consulta el texto del BOE.

Qué entrará en vigor el 15 de noviembre (Real Decreto-ley 28/2026)

Reescribe el artículo 10 de la LAU. Una vez transcurridos los cinco años de duración mínima (siete si el arrendador es persona jurídica), el contrato se prorrogará tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años (siete si el arrendador es persona jurídica), salvo que alguna de las partes avise de que no quiere prorrogarlo: el arrendador con seis meses de antelación y el arrendatario con dos.

Si el arrendador comunica válidamente que no prorroga, debe indemnizar al arrendatario con el mayor de estos importes: doce mensualidades calculadas según el valor superior del rango individualizado de la vivienda en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler, o una mensualidad por cada año de residencia. No hay indemnización, entre otros casos, si el arrendador persona física necesita la vivienda para sí o para sus familiares hasta el segundo grado, si el arrendatario no la ha habitado durante más de seis meses en los doce anteriores, si dispone de otra vivienda apta en el mismo municipio o si rechaza una oferta fehaciente de nuevo contrato con permanencia mínima de cinco años (artículo 10.1 y 10.2). Se mantienen las prórrogas extraordinarias de hasta un año para inquilinos vulnerables, que el arrendador debe aceptar si es gran tenedor, y de hasta tres años en zonas de mercado tensionado (artículo 10.5 y 10.6).

El régimen transitorio es importante: se aplica a los contratos vigentes en los vencimientos posteriores a su entrada en vigor; las comunicaciones de no prórroga hechas válidamente antes de la publicación del decreto conservan su eficacia y no generan indemnización; si al entrar en vigor faltan menos de seis meses para el vencimiento, el arrendador puede avisar con al menos cuatro meses; y los contratos que ya estén en la prórroga tácita anual del antiguo artículo 10.1 la completan antes de que se les aplique el nuevo régimen (disposición transitoria única).

Qué prórrogas existen hoy en la LAU

  • Duración mínima de cinco años (siete si el arrendador es persona jurídica), con prórroga obligatoria por plazos anuales; el inquilino puede decidir no renovar avisando con treinta días de antelación (artículo 9).
  • Prórroga tácita por plazos anuales hasta un máximo de tres años más si ninguna de las partes avisa de que no quiere renovar, con cuatro meses de antelación el arrendador y dos meses el inquilino (artículo 10.1, en la redacción vigente hasta el 15 de noviembre).
  • Prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situación de vulnerabilidad social y económica, acreditada con un informe de servicios sociales, que el arrendador debe aceptar si es gran tenedor de vivienda (artículo 10.2).
  • Prórroga extraordinaria de hasta tres años en las zonas de mercado residencial tensionado declaradas como tales, a solicitud del inquilino (artículo 10.3).
  • La prórroga extraordinaria de hasta dos años del Real Decreto-ley 29/2026, descrita arriba.

Más reglas del contrato en nuestra guía sobre el contrato de alquiler: duración, fianza y derechos.

Qué pasa si no se convalidan

Si la Diputación Permanente deroga alguno de los decretos, sus medidas perderían efecto y volvería a aplicarse el texto anterior, como ocurrió con los decretos 26/2026 y 27/2026. Lo ocurrido mientras estuvieron en vigor puede plantear dudas: por ejemplo, qué valor tiene una solicitud de prórroga presentada en esos días. Por eso conviene dejar constancia escrita de todo, con un burofax, y consultar tu caso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedir ya la prórroga extraordinaria de dos años?

Si cumples los requisitos (contrato de vivienda habitual vigente el 8 de octubre, vencimiento de la prórroga antes del 31 de diciembre de 2028 y pago al corriente los ocho meses anteriores), puedes solicitarla por escrito, con acuse de recibo, aunque la norma esté pendiente de convalidación. Guarda los justificantes de los pagos. Si pediste una prórroga al amparo de los decretos derogados, lo prudente es volver a solicitarla bajo la nueva norma.

Mi contrato termina pronto y mi arrendador ya me ha avisado. ¿Qué pasa?

Depende de la fecha del aviso y del vencimiento. Las comunicaciones de no prórroga hechas válidamente antes de la publicación del Real Decreto-ley 28/2026 conservan su eficacia y no generan la nueva indemnización, pero eso no impide que puedas solicitar una prórroga extraordinaria si cumples los requisitos. Revisa las fechas con un abogado.

¿Cambia algo en los desahucios que ya están en marcha?

Sí. El nuevo régimen se aplica a las ejecuciones en curso siempre que no se haya practicado el lanzamiento: la persona ejecutada puede solicitar su aplicación y el letrado de la Administración de Justicia suspende provisionalmente el lanzamiento hasta que el tribunal resuelva (disposición transitoria segunda). Lo explicamos en la guía sobre el desahucio por impago.

Soy propietario. ¿Qué debo hacer?

Documenta la deuda, envía requerimientos fehacientes y estudia si tu caso encaja en las excepciones (por ejemplo, si eres una persona física con dos o menos viviendas). Nunca cambies la cerradura ni cortes suministros: puede constituir un delito de coacciones. Revisa también la guía sobre la fianza del alquiler y, si hay hipoteca, la de ejecución hipotecaria.

Revisamos tu contrato de alquiler

En Pablo Morán Abogados analizamos qué prórrogas y qué derechos te corresponden hoy, tanto si eres inquilino como propietario. Llámanos al 687 96 07 03 o consulta nuestra página de abogado de arrendamientos y comunidades en Madrid.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso debe analizarse de forma individual.

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